(Foto dramatización Prensa Libre: Archivo)
Cada vez es más común que los victimarios de mujeres pertenezcan a organizaciones criminales o tengan alguna influencia política o económica que hace más complicada la situación de intimidación, señala la Red de la No Violencia Contra la Mujer.
“Esto nos dificulta mucho nuestro trabajo de intervención en los casos de violencia contra las mujeres”, señala Giovanna Lemus de la citada organización.
Lemus señala que durante el acompañamiento que brindan a las víctimas de violencia, se han encontrado con que los maridos son abogados que obstaculizan por medio de recursos legales la implementación de medidas de seguridad para proteger a las mujeres maltratadas.
“Si no es esto, puede ser que el victimario sea militar, médico o un empresario con mucho dinero, y su situación de poder económico les permite impedir que las mujeres sean atendidas”, comenta la activista.
Además, señaló que la labor de atender a las víctimas representa un peligro para quienes trabajan en los Centros de Atención Integral de la Mujer (Caimu), a cargo de la red, ya que muchos de los agresores también tienen vínculos con el crimen organizado o las pandillas juveniles.
“Nos han amenazado varias veces”, dice Lemus, quien cuenta que debido a la agresividad de las personas, las victimas son conducidas a un albergue temporal, cuya dirección se mantiene bajo estricto secreto para evitar que las mujeres que viven bajo ese techo, puedan ser localizadas por los maridos.
Actualmente sólo tienen habilitados los albergues de Quetzaltenango y Guatemala; en el primero tienen alojadas a 75 mujeres y en el de la capital hay 45.
Una mujer de Escuintla, que no quiso revelar su nombre por razones de seguridad, cuenta que su marido la ha agredido desde hace años y que este año se decidió a separarse de él y llevarse a sus cinco hijos.
El día que la Policía Nacional Civil llegó a rescatarla, el hombre los recibió a balazos. El enfrentamiento dejó como saldo la muerte de su hermano, explicó. Después del incidente fue alojada junto a sus hijos en el albergue, por lo que el hombre quemó la casa donde vivían.
Después de dos semanas, la mujer prefirió salir del albergue e irse a vivir a la casa de sus padres en una recóndita aldea de Escuintla, donde todavía es vulnerable a lo que su marido le pueda hacer.
Según un estudio del Ministerio de Gobernación, el 61 por ciento de los casos (73) de femicidio en la ciudad capital y sus municipios entre enero y agosto de este año, son producto de la violencia intrafamiliar. El departamento de Guatemala tiene el mayor índice de muertes de mujeres con 238 en lo que va del año, le sigue Escuintla con 27.
Este mismo estudio concluyó que la violencia intrafamiliar propicia la muerte violenta de las mujeres, ya que del total de muertes de mujeres en la ciudad capital, el 45 por ciento (105) ocurrieron dentro de la casa de habitación de las víctimas.
Actualmente, la Red de la No Violencia presta apoyo a las mujeres maltratadas por medio de los Centros de Atención Integral para las Mujeres, los cuales brindan asesoría para lograr que los juzgados emitan ordenes de seguridad que las protejan y, de ser el caso, alejarlas de la violencia de la que son víctimas al ser alojadas dentro de uno de los albergues.
“Esto nos dificulta mucho nuestro trabajo de intervención en los casos de violencia contra las mujeres”, señala Giovanna Lemus de la citada organización.
Lemus señala que durante el acompañamiento que brindan a las víctimas de violencia, se han encontrado con que los maridos son abogados que obstaculizan por medio de recursos legales la implementación de medidas de seguridad para proteger a las mujeres maltratadas.
“Si no es esto, puede ser que el victimario sea militar, médico o un empresario con mucho dinero, y su situación de poder económico les permite impedir que las mujeres sean atendidas”, comenta la activista.
Además, señaló que la labor de atender a las víctimas representa un peligro para quienes trabajan en los Centros de Atención Integral de la Mujer (Caimu), a cargo de la red, ya que muchos de los agresores también tienen vínculos con el crimen organizado o las pandillas juveniles.
“Nos han amenazado varias veces”, dice Lemus, quien cuenta que debido a la agresividad de las personas, las victimas son conducidas a un albergue temporal, cuya dirección se mantiene bajo estricto secreto para evitar que las mujeres que viven bajo ese techo, puedan ser localizadas por los maridos.
Actualmente sólo tienen habilitados los albergues de Quetzaltenango y Guatemala; en el primero tienen alojadas a 75 mujeres y en el de la capital hay 45.
Una mujer de Escuintla, que no quiso revelar su nombre por razones de seguridad, cuenta que su marido la ha agredido desde hace años y que este año se decidió a separarse de él y llevarse a sus cinco hijos.
El día que la Policía Nacional Civil llegó a rescatarla, el hombre los recibió a balazos. El enfrentamiento dejó como saldo la muerte de su hermano, explicó. Después del incidente fue alojada junto a sus hijos en el albergue, por lo que el hombre quemó la casa donde vivían.
Después de dos semanas, la mujer prefirió salir del albergue e irse a vivir a la casa de sus padres en una recóndita aldea de Escuintla, donde todavía es vulnerable a lo que su marido le pueda hacer.
Según un estudio del Ministerio de Gobernación, el 61 por ciento de los casos (73) de femicidio en la ciudad capital y sus municipios entre enero y agosto de este año, son producto de la violencia intrafamiliar. El departamento de Guatemala tiene el mayor índice de muertes de mujeres con 238 en lo que va del año, le sigue Escuintla con 27.
Este mismo estudio concluyó que la violencia intrafamiliar propicia la muerte violenta de las mujeres, ya que del total de muertes de mujeres en la ciudad capital, el 45 por ciento (105) ocurrieron dentro de la casa de habitación de las víctimas.
Actualmente, la Red de la No Violencia presta apoyo a las mujeres maltratadas por medio de los Centros de Atención Integral para las Mujeres, los cuales brindan asesoría para lograr que los juzgados emitan ordenes de seguridad que las protejan y, de ser el caso, alejarlas de la violencia de la que son víctimas al ser alojadas dentro de uno de los albergues.
Prensa Libre 14-10-08
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