Por Margarita Carrera
(
prensalibre)
Hace ya varios años, se me invitó a participar en un Libre Encuentro que trataría sobre la pena de muerte. Yo, de ingenua, acepté ir. Era la única mujer, frente a cinco o seis varones. La única, también, que estaba en contra de la pena de muerte. Los varones participantes, en cambio, hacían su apología.
Yo los escuchaba y sus argumentos me dejaban estupefacta. Cuando quise alegar algo en contra de lo que me parece un vil asesinato, todos se me dejaron venir. Hubiera querido tener dotes de oradora o, mejor, de boxeadora. Hubiera querido que alguien tuviera mis principios éticos. Nada ni nadie. Y ahí aparecí en la televisión como esperando me llegara el turno para que se me pusiera la inyección fatal y letal. Ahora se repite la historia: el 97.4 por ciento de guatemaltecos pide a gritos la pena de muerte, frente al escaso 2.6 por ciento que está en contra. En última instancia, el asesinato recaerá sobre el pobre mandatario Álvaro Colom.
Si él fuera una persona cuyos principios están en contra de este horrendo asesinato (¿o crimen?), no dudaría en otorgar el indulto, aunque toda Guatemala se le viniera encima. Sería un acto heroico de su parte, aplaudido por muy pocos. Por otro lado, la pena de muerte recaerá únicamente sobre los sicarios, jamás sobre los poderosos que ordenan las matanzas; éstos permanecerán ocultos en el crimen organizado, como en la época de la guerra sucia. ¿Es que nadie se da cuenta de que esta secuela de crímenes está profundamente entrelazada con los 36 años de conflicto armado?
Lo extraño, lo vergonzoso, es que esta mayoría de guatemaltecos no dijo nada sobre la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad al dejar sin efecto la orden de captura, emitida por la Audiencia española, a criminales de lesa humanidad: Ríos Montt, Manuel Benedicto Lucas García, Germán Chupina (que acaba de morir), Óscar Humberto Mejía Víctores, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Pedro García Arredondo, Donaldo Álvarez Ruiz. Todos ellos acusados de genocidio, desaparición forzada, tortura. En semejante caso no se habla de asesinatos, sino de algo mil veces peor, el Estado y ellos al servicio de crímenes contra la humanidad que jamás prescriben. En tal oportunidad, el juez español Santiago Pedraz expresó: “Guatemala está en la órbita de los países que violan sus obligaciones internacionales y desprecian la defensa de los derechos humanos”.
Sería bueno recordar que también la pena de muerte viola la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). Pero ¿qué importa eso, si los guatemaltecos ignoran qué es el genocidio? ¿Qué les importa si jamás han leído el Remhi (Guatemala, nunca más) o el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico? ¿Qué clase de pueblo somos si nos pronunciamos por la “mano dura” e ignoramos los crímenes de lesa humanidad?
Marielos Monzón, al rechazar la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), referida al proceso de la Audiencia Nacional de España (P.L. 29/1/08), recoge parte del texto del abogado Carlos Loarca: el Código Penal guatemalteco en el artículo 376 tipifica el delito de genocidio, que se configuró a raíz de acontecimientos internacionales que han puesto en zozobra la tranquilidad universal, como la Segunda Guerra Mundial; de tal forma que su reglamentación es de carácter internacional. Por lo tanto, se incorpora al Código Penal que, a su vez, resume las corrientes doctrinarias que se consagraron, al ser incluido el citado delito en el derecho internacional. “Como si fuera poco, la CC pisotea el artículo 8 de la misma ley, que reza: ‘La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala’ (…)”.
Nota: La opinión aquí publicada no necesariamente es la de todos los integrantes de las mesas de dialogoActualización (27 de febrero de 2008):Gobierno evalúa si veta indulto
El presidente en funciones, Rafael Espada, explicó ayer que recogerán estudios científicos, sociológicos y políticos, a efecto de tomar una decisión final sobre si vetan o sancionan la ley que restituye el indulto, la cual establece que el presidente de la República puede perdonar o no la vida a los condenados a la pena capital.
Aunque no reconoce la existencia de presiones en el plano internacional para vetar esa ley, Espada mencionó que han recibido llamadas de México, de la Unión Europea y de El Salvador, a fin de conocer la decisión final.
“La opinión que damos es que estamos en análisis del caso y que ya iniciamos las consultas con expertos, para tener un mejor panorama”, expresó.
Espada refirió que la determinación será consensuada con el Gabinete en pleno. “Es una decisión delicada, por lo que nos vamos a tomar el tiempo prudencial antes de decidir. Cualquiera que sea (la postura), tendrá implicaciones no solo en Guatemala, sino también a nivel internacional”, mencionó.
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